· Edición Digital · Número 22 · Febrero-Marzo 2013 ·

Remitidas las alegaciones al Dictamen de la UE

El pasado 2 de enero acababa el plazo para la presentación de las alegaciones que el Gobierno de España tenía que remitir a la Comisión Europea para rebatir el ya tan conocido Dictamen Motivado sobre el sistema de la estiba portuaria en nuestro país. Trece páginas de argumentos y justificaciones que perseguían evitar que este conflicto llegase al Tribunal de Estrasburgo.

En esencia, lo que demandaba el conocido Dictamen era una mayor liberalización del sistema portuario en España, sobre todo en lo referente a la libertad de contratación de personal estibador. Sin embargo, y este era un argumento esgrimido en las alegaciones, Europa no tiene un marco legislativo claro en cuanto a la liberalización de los servicios portuarios. Puertos del Estado citaba al respecto dos estudios que se habían llevado a cabo recientemente a nivel europeo que abordarían dicho proceso liberalizador, y que confirmaban que la regulación del sector de la estiba en España no era muy distinta de la que actualmente existía en otros países europeos, con matices. Además, España recordó que la propia Comisión había anunciado para este año una nueva comunicación sobre política portuaria que propondrá las medidas para lograr la cohesión entre todos los Estados Miembros.

La ausencia de esa política de servicios portuarios en Europa es la que llevó a España a pedir a la Comisión Europea un trato justo. En ese sentido, recordaba que el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo afirmaba en una sentencia de 2006 que “el mero hecho de que un Estado Miembro imponga disposiciones menos rigurosas que las aplicables en otro Estado no significa por si mismo que éstas últimas sean desproporcionadas e incompatibles con el Derecho Comunitario”, y establece que se otorgue a los Estados Miembros “un mayor grado de discrecionalidad en la ordenación de actividades y servicios cuando no existe una norma comunitaria sobre los mismos”.

Días después de presentar las alegaciones, la Comisión tomó la decisión de renunciar a la elaboración de una nueva Directiva durante la Revisión de la Política Portuaria de la Unión Europea. IDC, que junto a ETF forma parte de la Asociación de estibadores Europeos, aseguraba que velaría porque la Comisión ratificase su propuesta y se mantendría firme ante el "ataque" que la troika continuaba realizando en los puertos de cada Estado miembro y ante el cuestionamiento jurídico de las legislaciones nacionales de puertos, como ocurre en el caso de España. Sin embargo, la asociación se mostró satisfecha por la decisión de crear un Comité de Diálogo Social, que estaría integrado por organizaciones empresariales europeas y las sindicales IDC y ETF, para tratar los asuntos referidos a las condiciones de trabajo de los puertos.
 

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