· Edición Digital · Número 4 · Noviembre 2009 ·

Ley de Puertos

PP y PSOE llegan a un acuerdo para tramitar la reforma de la Ley

El pacto establece que el modelo de gestión de la estiba será a través de sociedades mercantiles privadas (Apies).

Los grupos parlamentarios socialista y popular finalmente han llegado a un acuerdo para la tramitación de la Reforma de la Ley de Puertos que desde hace varios meses está pendiente de aprobación en el Congreso. De este modo, se podrá modificar el proyecto de Ley aprobado por el Gobierno cuando Magdalena Álvarez era Ministra de Fomento. Dicho acuerdo pretende dar estabilidad a la regulación portuaria y mejorar el sector dándole estabilidad a su regulación y garantías de funcionamiento; y potenciando la competitividad con los puertos internacionales. 

En referencia a la estiba, el modelo de gestión será único a través de sociedades mercantiles privadas (Apies) que serán supervisadas por las Autoridades Portuarias para garantizar una competencia leal. Por otro lado, el acuerdo establece que la Ley mantendrá una única estructura para las tasas portuarias con una serie de bonificaciones estipuladas y coeficientes correctores para cada puerto en función de su rentabilidad, para garantizar así su autosuficiencia económica. Asímismo, en los coeficientes, se toma en consideración la situación geográfica de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla así como de los puertos que sufren una dura competencia extracomunitaria.

Otro punto que el acuerdo tiene en cuenta son los objetivos de eficiencia y la reducción de costes portuarios; las políticas de desarrollo sostenible; la integración de los puertos en las cadenas de distribución y los sistemas de transporte intermodal, particularmente su conexión con el ferrocarril; y su desarrollo como modo logístico. Sin embargo, cabe destacar que el pacto entre PP y PSOE incluye contraprestaciones. Por un lado, el PP no apoyará totalmente las enmiendas presentadas por el resto de grupos parlamentarios, mientras que el PSOE, por su parte, retirará el recurso de inconstitucionalidad presentado a la anterior Ley de puertos.

Para hablar de todo ello, Fernando González Laxe, máximo responsable del Organismo Público de Puertos del Estado (OPPE), se reunió con los responsables de las 28 autoridades portuarias el 14 de octubre. En la reunión se expusieron todos los detalles sobre el estado del acuerdo y se habló de la tramitación del Proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Puertos dels 2003. Otro tema que también fue tratado fue la agenda del debate en el Pleno del Congreso del día 15 de octubre sobre las enmiendas presentadas la semana anterior por CIU y ERC rechazadas por PP y PSOE. 

En ese mismo Congreso, el ministro de Fomento, José Blanco, defendió que el sistema portuario español es un pilar básico de la economía española, ya que este sistema mueve el 85% de los importaciones y más del 50% de las exportaciones. De igual manera, subrayó que se trata de infraestructuras básicas de interés general que deben ser tratados con "visión de Estado", ya que su actividad está ligada "íntimamente" al funcionamiento de los mercados "de su área de influencia y de la economía nacional". Respecto a las enmiendas presentadas por CIU y ERC estas fueron derribadas debido a la suma de votos de PSOE y PP, pese a que contaban con el apoyo de PNB y BNG.

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