· Edición Digital · Número 7 · Marzo 2010 ·

Ley de Puertos

La propuesta de Ley ignoró el proceso de negociación anterior

Entre otras cosas, PP y PSOE acordaron un modelo de estiba que responde a las siglas SAGEP (Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios) que no recoge ninguno de los aspectos positivos de las sociedades de estiba o de las Apies.

Los dos grupos mayoritarios PSOE y PP, presentaron en el Congreso de Diputados un total de 416 enmiendas al proyecto de Ley de Modificación de la Ley de Puertos de 2003. Estas enmiendas, recogidas en 484 páginas, implican básicamente la redacción de una nueva ley que obviaron las negociaciones anteriores.

Para empezar, socialistas y populares proponían la creación de un nuevo Régimen de Gestión de los Trabajadores para la Prestación del Servicio Portuario de Manipulación de Mercancías que regule la estiba dando un impulso a la competitividad. Para ello, apostaban por la creación de un nuevo modelo de empresa llamado Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios (SAGEP) lo que, hasta aquí, no contradecía las demandas ni de los sindicatos ni de la patronal pues supone un único modelo de gestión.

Estas sociedades serían totalmente privadas, la mitad de su capital sería propiedad de los titulares de licencias del servicio de manipulación de mercancías y la otra mitad, entre estos mismos titulares dependiendo del grado de utilización temporal de la plantilla y su volumen de facturación. Por su parte, las Autoridades Portuarias podrían designar a un representante para que sea un consejero independiente dentro del Consejo de Administración de sus respectivas SAGEP y que velaría por el interés general del puerto, sus usuarios y accionistas. Los problemas empiezan en las funciones que la propuesta de Ley atribuye a esta sociedad y en el tipo de contrataciones que establece.

Según la propuesta, al servicio de embarque y desembarque de coches no estaría sujeto a las normas que regulan la manipulación de mercancías y podrán ser descargados por sus dueños, usuarios o conductores habituales ya que no requieren medios auxiliares ajenos. Esto supondría que las estibadoras de vehículos no tendrían por qué contar con los portuarios para realizar estos trabajos.

A esta circunstancia se le añade el concepto de autoprestación que permitiría a cualquier empresa, que lo justificase como parte de su cadena de producción, cargar y descargar las mercancías por sus propios medios o recurriendo incluso a los propios marineros del barco.

Cabe destacar también que la propuesta fomentaba claramente que las empresas estibadoras mayores dejaran de formar parte de estas sociedades de gestión de estibadores (SAGEP) eximiendo a las que tuviesen en plantilla propia a un 70% de portuarios y prohibiéndoles, además, que solicitasen trabajadores a la SAGEP.

Otro de los cambios negativos que incluye la propuesta legislativa es la obligatoriedad de que las empresas estibadoras tengan un 25% de plantilla propia, bajo pena de que se les anule la concesión si no lo cumplen. Eso obligaría a asumir un alto riesgo a las empresas pequeñas y les impediría hacer un buen uso de la SAGEP.

En definitiva, la propuesta de Ley intenta destruir el sistema portuario actual, que tan buenos resultados ha dado durante más de diez años, y sustituirlo por otro basado en la precariedad laboral al estilo de ETT y la pérdida de competitividad por degradación de la formación y profesionalidad, lo que pone en riesgo la estabilidad de los puertos.

Etiquetas: