· Edición Digital · Número 13 · Mayo 2011 ·

Incumplimiento de los plazos de la Ley de Puertos para convertirse en SAGEP

De las 38 sociedades de estiba existentes en los puertos españoles, sólo 17 han concluido su transformación en Sociedad Anónima de Gestión de Estibadores Portuarios, SAGEP. Y es que el sector lleva siete años y dos leyes de puertos intentando que las sociedades de estiba sean de titularidad totalmente privada, cambiando la situación en que las autoridades portuarias tenían el 51% del accionariado desde su creación en 1992.

Según establece la Ley 33/2010, tanto las APIEs salidas de la aplicación de la Ley 48/2003 como las Sociedades de Estiba y Desestiba deberían haber concluido su transformación en SAGEP a los seis meses de haber entrado en vigor la nueva ley, el 27 de agosto de 2010. Por tanto, el pasado 27 de febrero era la fecha tope para que la transformación se hubiera completado. Y así se lo manifestó Antolín Goya, coordinador general de Coordinadora a González Laxe, presidente de Puertos del Estado. Goya pidió contundencia al titular de la OPPE porque la ley es clara y tajante en lo relativo a la transformación de las sociedades de estiba.

Lo cierto es que, hasta el momento, tan solo habrían cumplido con su obligación Bilbao, todos los puertos de Baleares, Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, Sagunto, Alicante, Algeciras, Huelva, Cádiz, Tenerife, Las Palmas, Lanzarote y La Palma. El resto se encontrarían en “proceso” y mención especial se merecen Cartagena y Avilés.

El puerto de Cartagena mantiene obstaculizado el proceso de transformación a la espera de conocer cuál es la sentencia judicial sobre la deuda de la sociedad estatal de estiba Sesticarsa con la Seguridad Social, que le reclama más de millón y medio de euros en concepto de horas extra.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena y a su vez de Sesticarsa, el polémico Adrian Ángel Viudes, ya anunció que, en caso de recibir una sentencia negativa, procederá a la quiebra de la sociedad estatal y a su disolución, lo que llevaría a que el puerto murciano no existiera sociedad de estiba.

En el caso de Avilés, existe un desencuentro entre las dos asociaciones de empresas estibadoras que cohabitan en el puerto por el reparto accionarial de la nueva sociedad y la no asunción de las deudas de la sociedad de estiba, lo que ha llevado a la judicialización del proceso de transformación. En estos dos casos existe una falta de voluntad manifiesta, ya que ha habido sociedades de estiba y APIEs con deudas de hasta 20 millones de euros que ya son SAGEP.

González Laxe se comprometió con Antolín Goya a contactar de nuevo con los puertos donde el asunto sigue pendiente para acelerar el proceso. Pero lo cierto es que el modelo de la SAGEP deja al estado fuera de esta nueva etapa, convirtiendo a la sociedad de estiba en una sociedad mercantil anónima donde solo participan las estibadoras. Un modelo más competitivo que transforma el sector de la estiba, en el que empresarios y sindicatos negociarán los convenios sin la participación de la administración.