· Edición Digital · Número 14 · Junio 2011 ·

Plan para evaluar la sostenibilidad del sistema portuario

Puertos del Estado ha puesto en marcha un proyecto para poner en marcha una herramienta para evaluar anualmente los resultados de las 28 autoridades portuarias en materia de sostenibilidad, que medirá ámbitos de actuación muy amplios con el fin de revisar de forma continua los avances en aspectos tanto económicos como sociales, ambientales e institucionales, entre otros.

Para ello, unos 120 indicadores de sostenibilidad comparables evaluarán el progreso de las distintas autoridades portuarias en relación con su entorno. De este modo se quiere conseguir que las memorias sean documentos de comunicación y gestión que ofrezcan una imagen fiel, razonada y global de los resultados que se han obtenido dentro del ejercicio en materia de sostenibilidad. Puertos del Estado ha remitido a las 28 autoridades portuarias una propuesta inicial para concretar la metodología de elaboración de las memorias de sostenibilidad que deben acompañar a los planes de empresa, como exige la nueva Ley de Puertos. Esta metodología seguirá un proceso de revisión continua que recogerá las aportaciones y experiencias de los puertos.

Un plan que aparece cuando el debate sobre la reducción de Autoridades portuarias está sobre la mesa. Cuando se dio a conocer el contenido de la Ley de Puertos 33/2010 hace aproximadamente 1 año, se especuló con que el nuevo articulado abría las puertas a futuras fusiones portuarias, ya que se introducía un elemento nuevo como el de la obligatoriedad de rentabilidad anual del 2,5%, al que algunas autoridades portuarias no podrían hacer frente

Entonces, Puertos del Estado, en boca de su presidente González Laxe, desmintió que la Ley de Puertos aprobada pudiera favorecer tal escenario. Pero en una reciente entrevista al diario económico Expansión, González Laxe afirma "Dentro de cinco o siete años, las propias autoridades portuarias serán las que deberán alentar ese proceso de integración”. Algunos, como el Partido Popular, han entendido sus palabras como un canto a la reducción y una traición al consenso politico de la nueva Ley. Pero tanto puertos del Estado como el Ministerio de Fomento lo han desmentido.