· Edición Digital · Número 14 · Junio 2011 ·

La ley de Puertos se refunde y González Laxe es cuestionado

Mientras que La Ley de Puertos se refunde en el Consejo de Estado junto al resto de legislación portuaria, unas declaraciones vertidas en el seno de una entrevista concedida al diario económico Expansión, por parte del presidente de Puertos del Estado, han puesto en jaque el consenso político sobre la Ley.

González Laxe afirmaba en dicha entrevista que "Dentro de cinco o siete años, las propias autoridades portuarias serán las que deberán alentar ese proceso de integración", dejando entrever, según algunas interpretaciones, que en un futuro no muy lejano habría una reducción del número de Autoridades Portuaria ya fuera por fusión, absorción o desaparición, en base a la obligatoriedad de rentabilidad anual del 2,5% que aparece en la nueva ley. El diario económico se atrevía incluso a vaticinar que desaparecerían 17 de las 28 Autoridades Portuarias existentes.

En este sentido, el portavoz de Fomento del Grupo Popular, Andrés Ayala, acusó al presidente de Puertos del Estado de actuar con "deslealtad institucional" al avisar que las autoridades portuarias se reducirán tras un proceso de reestructuración, algo que no se lee en la entrevista a González Laxe sino que se publicó en un artículo posterior y que pronosticó el propio diario. Ayala exigió al ministro de Fomento, José Blanco, que desautorizase o respaldase al presidente de Puertos del Estado y dijera claramente "cuál es la política portuaria que defiende" el Gobierno socialista.

En un comunicado, el Ministerio de Fomento aseguraba que Puertos del Estado no tiene diseñado un plan para impulsar un proceso de concentración portuaria y, mucho menos, reducir el número de autoridades portuarias de 28 a 11. Según, dicho comunicado, el organismo público hace una apuesta por alianzas entre puertos para fomentar su competitividad, orientada a la coordinación de la gestión, para aprovechar sinergias entre autoridades portuarias que están llamadas a entenderse por su proximidad, cuando no lo hacen ya en determinados aspectos.

Volviendo a la propia legislación, los textos que deben refundirse y consolidarse son la Ley 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; la Ley 62/1997 de modificación de la Ley de Puertos de 1992; la Ley 48/2003 de Régimen Económico y Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General; y la ya referida Ley 33/2010 de modificación de la Ley de Puertos de 2003, alias “Ley de Puertos”. En esta se recoge la elaboración de un proyecto de refundición, encargo que ya puso en marcha Puertos del Estado a finales del año pasado y que se debe limitar a regularizar, aclarar y armonizar los textos legales referidos.