· Edición Digital · Número 15 · Julio 2011 ·

Baleares

Ports de les Illes Balears no quiere estibadores en el puerto de Ciutadella

Ports de les Illes Balears (Ports IB) no quiere incorporar servicio de estiba en el nuevo puerto de Ciutadella. Así lo ha decidido, en respuesta a la petición formulada por la compañía Baleària para que las mercancías que hayan sido transportadas en la bodega del ferry Martín i Soler puedan ser trabajadas por estibadores profesionales. Baleària además pedía la creación de una explanada entre la estación marítima y el muelle de ribera donde poder depositar los remolques antes de la salida de los cargamentos hacia los almacenes de distribución.

Según recoge el diario Ultima Hora, para el gobierno balear no es operativo ni necesario cambiar la forma de realizar las operaciones portuarias, máxime cuando se está a la espera de un cambio de gobierno en la Comunidad autónoma. Según Ports IB, introducir cambios en la operatividad del puerto implicaría en estos momentos, no sólo un sobrecoste de las operaciones para las navieras, sino que obligaría, además, a modificar los planes de emergencia y de seguridad del puerto.

La petición de Balearia al gobierno autónomo se hizo atendiendo a las reclamaciones del colectivo que agrupa a los 14 estibadores del puerto de Mahón, temerosos de que el traslado de las mercancías a Ciudadela reduzca su plantilla a la mitad. El responsable sindical de la Zona Catalana Balear de Coordinadora, Jordi Aragunde, ya había denunciado que el desplazamiento a Ciudadela del barco de carga y pasaje con el que Balearia venía operando entre los puertos de Mahón y Barcelona supone “un expediente de regulación encubierto”, a la vez que una “competencia desleal” por la falta de personal cualificado.

Para Aragunde, la nueva ley determina quién está autorizado para la carga y descarga de vehículos pesados a los navíos. “Ahora lo hacen personas que, ley en mano, no tienen autoridad para estas tareas”. Esta situación “precaria”, agravada por el cambio de mandato político en el gobierno balear, provoca que “en caso de accidente, el dique no superaría una inspección de trabajo que investigara lo sucedido”.