· Edición Digital · Número 15 · Julio 2011 ·

Cargos contra el director y un ingeniero de la Autoridad Portuaria balear

El director de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Ángel Matías, y el ingeniero y ex funcionario del organismo público, Justo Aguado, quedaron en libertad con cargos tras declarar en dependencias de la Jefatura Superior de Policía. En concreto, sobre ellos pesan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, cohecho y fraude, según informó Europa Press.

Ambos fueron detenidos el pasado martes 14 de junio en el marco de la segunda fase del caso Mar Blau, cuyas pesquisas se centran en el supuesto amaño de concursos para la adjudicación de la explotación de amarres en los puertos de Mahón e Ibiza Nueva en favor del conglomerado de empresas Trapsayates, vinculada a Gerardo Díaz Ferrán (ex presidente de la CEOE) y Gonzalo Pascual. No obstante, dentro de este nuevo apartado de la investigación se indaga el posible cobro de comisiones de un empresario catalán por unos informes que habrían tenido escasa utilidad.

Durante el mismo día de la detención se llevaron a cabo tres registros por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 8, Antoni Rotger, que se practicaron en la vivienda de Matías, en la de Aguado y un tercero en Barcelona. De forma paralela, agentes del grupo de delincuencia económica de la Policía se trasladaron hasta la sede de la APB para buscar nueva documentación.

Aguado, funcionario ya jubilado de la APB y quien fue detenido en el aeropuerto de Son Sant Joan procedente de Ibiza, ya declaró ante el juez como imputado y en su comparecencia afirmó que asesoró en el concurso de amarres de Ibiza Nueva aunque negó que se hubieran producido presiones para que resultara favorecida la empresa Semar-Trapsayates.

El otro de los procesos fue el concurso para la explotación de amarres del puerto de Mahón, sobre el que se indaga el acuerdo que Teinver —perteneciente a Trapsa— habría alcanzado con el Club Marítimo de Maó para que éste, pese a haber quedado segundo en la convocatoria, resultase ganador al margen del dictamen de la mesa de contratación, a cambio de ceder a Trapsa —si renunciaba a la concesión— tres amarres de tres metros de eslora y unos 13.000 euros.