· Edición Digital · Número 19 · Mayo 2012 ·

Autoridades portuarias

Hacienda reprocha la falta de control financiero en los puertos

Como resultado de los informes realizados sobre las cuentas de las autoridades portuarias en el ejercicio 2009, la Intervención General del Estado (IGAE) destapa deficiencias e irregularidades en todas y cada una de las áreas de gestión económica financiera, una crítica que se suma a las que esta entidad ha realizado en los últimos años al sistema portuario.

El informe critica la política de participaciones de las autoridades portuarias en sociedades, la gestión de gastos de personal y se refiere de nuevo a irregularidades en el cobro de las tasas. Tres años después del ejercicio analizado, algunas de estas circunstancias se han superado. Entre 2010 y 2011 Puertos del Estado pagó 302 millones para hacer frente a estas deficiencias en las tarifas. De la misma forma, la aplicación de la nueva ley de Puertos ha modificado también la capacidad de Puertos del Estado para intervenir en las cuentas de las autoridades portuarias y exige además una rentabilidad anual del 2,5% que obligará a los enclaves a optimizar sus recursos financieros.

Ante la deuda del sistema portuario español que asciende hasta los 3.000 millones de euros, una cantidad que se había multiplicado por cinco en estos últimos siete años, el OPPE destinará el 50% de los recursos que genere el organismo público al pago de dicha deuda. Desde Puertos del Estado se asume que en los próximos años los enclaves deberán realizar esfuerzos de contención del gasto y que en algunos casos se tendrán que desinvertir participaciones en algunas sociedades. En el año 2009, y según explica este informe, el sistema portuario participaba de manera directa en 44 sociedades diferentes, además de las sociedades de estiba.

La potestad que otorga la nueva legislación a Puertos del Estado para intervenir en las cuentas de las autoridades portuarias puede servir para corregir algunos desfases. Pese a ello, el análisis del ministerio de Hacienda carga contra la inacción del propio ente de Fomento, al explicar que pese a las reiteradas advertencias sobre incumplimientos de legalidad y la eficiencia del sistema no consta que Puertos del Estado haya dictado instrucciones que contribuyan a mejorar esta situación

De vuelta al contenido del informe, el IGAE destaca la inadecuada gestión de gastos de personal y concreta el abono de indemnizaciones de despido por importes muy superiores a los establecidos en el Estatuto de los Trabajadores o el despido y pago de altas indemnizaciones a personas próximas a la edad de jubilación. Unas prácticas que no han pasado desapercibidas para Puertos del Estado, considerando que probablemente se han realizado amparándose en cierta legalidad, aunque reconociendo cierta falta de ética.