· Edición Digital · Número 21· Noviembre 2012 ·

La Comisión Europea ataca las SAGEP

Bruselas podría llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por dificultar el establecimiento de las empresas estibadoras en los puertos españoles. La Comisión acusa a España de obligar a estas empresas, que operan en varios puertos españoles, a participar financieramente del capital de las compañías privadas que gestionan la provisión de estibadores, las Sagep.

Bruselas ha advertido que esta práctica atenta contra la competencia y ha instado al Estado a cambiar la normativa que rige esta actividad en el plazo de dos meses, pues de lo contrario se planteará el asunto ante la justicia europea. La Comisión entiende que existen otros instrumentos, como políticas y estrategias dirigidas a garantizar la formación de los estibadores y mejorar sus competencias, para proteger a los trabajadores portuarios sin oponerse al principio de libertad de establecimiento.

En un primer momento, Puertos del Estado prefería no hacer valoraciones al no disponer del texto completo del dictamen, pero cualquier decisión sobre la legislación vigente, se llevaría a cabo de forma dialogada con sindicatos y empresarios. Desde Coordinadora no se comprendía el órdago de la comisión ya que se critica al modelo español que es similar al belga, al sueco, al alemán o al portugués, y contradecía con las reuniones mantenidas sobre el diálogo social recientemente en Bruselas donde España se tomaba como un modelo ejemplar.

Y es que desde mayo de 2010, según algunas informaciones, la Comisión Europea llevaba emplazando a Puertos del Estado mediante diversas comunicaciones escritas y dando plazos para dar una respuesta y Puertos del Estado, antes con Laxe y ahora con Llorca, no solo lo ocultaron, si no que este último se ha dado por sorprendido, revelando con esta actuación el miedo tanto de la administración anterior como de la actual para hacer públicos los diversos requerimientos de la Comisión Europea.

En su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el pasado 8 de octubre, Llorca, declaró que el dictamen de la Comisión Europea sobre las Sagep estaba tremendamente fundamentado, al tiempo que responsabilizó al Partido Socialista de la situación actual por no haber aceptado inicialmente la propuesta de redacción - que las empresas pudieran salirse de las Sagep cuando lo consideraran oportuno- planteada por el Partido Popular en el marco del pacto sobre la Ley de Puertos de 2010.

Tras la reunión del pasado 11 de octubre, Coordinadora aseguraba en un comunicado que el presidente de OPPE se había comprometido a que gobierno, patronal y trabajadores irían juntos a Europa a defender la normativa española. Porque para Coordinadora, “el sistema funciona, es productivo, es estable. Parece casi un oasis en medio de la desastrosa situación económica española. ¿Por qué erradicarlo entonces?¿Por qué experimentar cuando la fórmula implantada con consenso genera riqueza?”
Coordinadora no descarta que puedan hacerse ajustes en la ley que contribuyan a que aumenten las inversiones extranjeras en los puertos españoles, que crezcan los tráficos aún en mayor medida, pero siempre desde el consenso y desde el respeto a los puestos de trabajo".