· Edición Digital · Número 21· Noviembre 2012 ·

Opinión

From the waterfront

Cuando la brutal crisis financiera que nos afecta aún se interpretaba en España como una “suave desaceleración de la economía” hubo quien, incluso desde el seno de la Unión Europea, se aventuró a anunciar que “había que refundar el capitalismo”. En ese análisis se encontraba implícita la crítica a un modelo económico que sustituía la economía productiva por la especulativa. Los años del “España va bien” no habrían sido más que un espejismo sobre el que se habría asentado una economía convertida en un gigante con los pies de barro, cuyo máximo exponente era la burbuja inmobiliaria, pero que también habría tenido su plasmación en unos puertos en los que las autoridades portuarias fantaseaban con futuras ampliaciones y expansiones que, visto lo visto, respondían más a un impulso político que a una estrategia ponderada y matizada.

Pero no. De “refundar el capitalismo”, nada. Más bien, lo que ha ocurrido es que se ha reforzado su vertiente más “salvaje”, protegiendo los intereses de unas élites adineradas -no siempre lícitamente- y haciendo pagar la factura de la crisis a las clases medias y bajas, y todo ello hasta extremos nunca vistos (¡la paga de Navidad!). Es un desmantelamiento en toda regla del Estado del Bienestar, presentado como si fuese la única alternativa posible y como si existiese un destino inexorable que nos condujese a ser gobernados por “lagardes, Merkels y botines”.

Desde Coordinadora siempre hemos defendido que las respuestas a los problemas tienen que partir de aquellos que los sufren. Los trabajadores conocemos bien nuestro sector y nuestro punto de vista tiene que ser escuchado y compartido. De ahí que siempre hayamos apostado porque se nos incluya en todos aquellos foros en los que se decide nuestro futuro (sí, sí, todos). Y con el mismo tesón que hemos defendido esta postura, nos hemos opuesto a aquellos proyectos que han tratado de ningunearnos o prescindir de nosotros como si fuéramos un trapo viejo, tal como ocurrió con las Directivas Europeas de Liberalización o con los primeros borradores de la Ley de Puertos.

Por eso observamos con preocupación cómo el Gobierno de Rajoy parece tan desorientado como lo estuvo el de Zapatero en sus últimos meses, a merced por completo de los dictados de unas instituciones europeas cuyo principal interés es el rescate de los bancos y -por supuesto y sin que sea necesario explicitarlo- el de sus grandes accionistas. Vagamente, el presidente del gobierno anunció una privatización “ferroviaria, portuaria y aeroportuaria”. Si de lo que se trata es de privatizar la gestión de nuestros puertos, entonces llega tarde, puesto que las empresas estibadoras privadas siempre han participado en el negocio portuario y, desde 2007, con la transformación de las Sociedades de Estiba en APIEs, son ellas las que ostentan el 100% del capital, habiéndose retirado el Estado de su administración. Pero si de lo que se trata es de obtener liquidez al precio que sea, incluso vendiendo definitivamente el suelo portuario a grandes navieras internacionales -como ha ocurrido en Grecia- entonces, como trabajadores pero también como ciudadanos, habrá que exigir la máxima prudencia y control de una situación que bien podría escaparse de las manos. Y es que el dinero es muy goloso, y aunque la falta de liquidez del Gobierno español es acuciante, malvender el patrimonio de todos -y los puertos lo son- exigiría una reflexión más profunda.

Para nosotros, siempre serán prioritarias la defensa de los derechos laborales adquiridos tras años de luchas sindicales, la inversión constante en formación -los imparables procesos de automatización- el trabajo bien hecho en materia de seguridad y prevención de accidentes... toda una serie de aspectos que no computan numéricamente en los balances y que difícilmente ayudan a cuadrar déficits, pero que a la larga se traducen en mayor competitividad, productividad y, en definitiva, mayor bienestar de todos.

 

Fuente: Diario del Puerto
 

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